Asi consta en una iniciativa ante la Comisión Europea que solicitaba mediante el texto siguiente la: “transparencia y que los alquileres públicos en Castilla-La Mancha, cuya financiación tenga origen europeo, tengan un precio por debajo del valor de mercado para evitar situaciones como las de la creación de 475 viviendas en Toledo e Illescas, gracias a 17 millones de euros procedentes de la Unión Europea, con precios de alquiler de 646 euros, muy por encima de los del mercado y totalmente antisociales”.

La Comisión Europea ha respondido y “evaluará que los precios de las viviendas construidas son de precios asequibles y amenaza con no financiarlas en sentido contrario”. Y han recordado que las autoridades españolas deberán “aportar pruebas de que se han cumplido los requisitos, para lo que pueden recopilar información a escala regional o local”.

Podemos, que fue quien presento la iniciativa, considera que “Europa nos da la razón en la defensa de los derechos de las personas de Castilla-La Mancha”. Así lo ha manifestado José Luis García Gascón perteneciente a Podemos y ha añadido que como ya comentó en su día la situación sobre los contratos de alquiler público regionales es un “escándalo”, y ha exigido al gobierno de Emiliano García-Page que “rectifique de inmediato el modelo de privatizaciones de varios millones de euros de dinero público para que los alquileres y venta de viviendas sean a menor precio que la media del mercado”.